BILBAO. Juan María Atutxa observa una imagen fotográfica. Histórica. Muestra los documentos del Gobierno vasco en el exilio que provenían de Villa Izarra, y que debían ser clasificados. Aparecen envueltos. Apilados. Atados. "No se sabía ni lo que había dentro", recuerda. Un punto de partida que auguraba trabajo, y que vivió su último capítulo la pasada legislatura, con la entrega de los archivos al Gobierno vasco.
¿Cómo recuerda el proceso?
No podemos entrar a poner nota al proceso que se ha seguido. Dicen que se ha producido a un ritmo excesivamente rápido en el último tramo del Gobierno de Ibarretxe. ¿Dónde está la irregularidad? Se han fijado solamente en los últimos cien metros del sprint, y no en que se han corrido 210 kilómetros que se nos han hecho enormemente largos como fundación. Hay un acta de reunión de trabajo del 26 de julio de 2006.
Un signo de esa antigüedad sería la proposición no de ley del tripartito, Aralar y el propio PSE en 2007 para supervisar el avance. ¿Por qué ha salido a la luz ahora esta polémica?
Es una cuestión en la que no me apetece entrar. Solamente sé de la transparencia con la que ha actuado la fundación a lo largo de su existencia.
¿Que el Gobierno zanjara el pago podría dejar entrever suspicacias ante el Ejecutivo del PSE, en el sentido de que podrían temer una dilación en la tarea con el nuevo gabinete?
Si estamos hablando de un grupo con dos miembros del Gobierno vasco, dos del PNV y dos de la fundación, el 26 de julio de 2006, ¿alguien cree que en 2006 se temía que a partir del 1 de marzo de 2009 pudieran sumarse las voluntades antagónicas de PP y PSE? Por Dios. Además, si alguien promovió esta andadura, fue este servidor, quien llamó a la consejera Azkarate diciéndole que habíamos conocido que tomaba forma el Archivo Nacional, y que creíamos que debíamos hablar sobre el traslado.
¿Cómo fue el proceso de tasación?
Lo hizo el Gobierno. No tuvimos nada que ver. Envió a representantes de la auditoría a Artea, con personas especializadas de Madrid y de Donostia, que analizaron la documentación e hicieron una propuesta de cómo lo harían, en qué tiempo, y con qué costo. De ella sólo tuvimos conocimiento más tarde por boca del Gobierno. Diría que aquí, más que aceleración, ha habido ralentización.
¿A qué se refiere?
Nos hemos quejado en más de una ocasión por la lentitud del proceso. La auditoría redondeó a 3.305.000 euros de gasto, y el Gobierno nos dijo que, al final, había llegado a la conclusión de que debían ser 2.980.000. Este asunto lo planteamos en la Junta nuestra y dije: "Me da una pereza de la leche tener que empezar a explicar a nuevos miembros del Gobierno, sea quienes fuere, otra vez lo mismo discutido horas y horas, ¿os parece que cerremos esto de una vez?". Y la Junta dijo que sí. Si a mí, como abertzale, y como presidente de la Fundación, me diesen a elegir entre tener los 2.980.000 en la caja, o tener la documentación, me quedo con la documentación. Aunque reconozco que la titularidad le corresponde al Gobierno, en lo personal cambiaría el dinero por los documentos. Hace gracia cuando dicen ahora que el valor fundamental se otorga a los trabajos a partir de 1992. Claro, hasta entonces estaba aquello almacenado en legajos de aquella manera.
Con motivo del cincuenta aniversario de la muerte de Aguirre, ha habido reuniones con el Gobierno vasco. ¿Les transmitió su malestar?
No, no, no. Hablamos con Salinero y Unzalu, al margen de todo esto. Ha sido una comisión que ha venido funcionando como una balsa de aceite.
Se ha apuntado también a un acceso limitado a los archivos que se circunscribiría a afines al PNV.
Un asiduo visitante e investigador de los archivos de Artea ha sido Carlos Olazabal. Pregúntenle si se le pedía allí que renunciara a su pertenencia al PP para entrar en el archivo.
Han acusado al PNV de mostrar reticencias para abandonar los documentos, pero en la dictadura se encargó de garantizar su pervivencia ante el desentendimiento general.
Claro. Y ningún medio de comunicación ni los políticos que sacan la cresta cacareando hablan de los documentos robados que tienen su sede en Salamanca. ¿Dónde está el Gobierno y el lehendakari de todos? Lo nuestro no ha sido una apropiación. Nuestra gente conservó los documentos, y la Fundación se hizo cargo, contra la polilla, y los puso a disposición de los investigadores. Además, ¿existen documentos en manos de otras ramas políticas de otros consejeros de ese Gobierno de Euskadi? Si no existen, alguien los despreció. Si existen, ¿por qué nadie los saca a la luz? Hemos trasladado al Gobierno millón y medio de páginas. Yo aplaudiría una decisión proporcional que pudiera surgir de la mano política que fuese.
Entrevista publicada en el diario DEIA.
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